Las afectaciones económicas por falta de control interno detectadas en las auditorías realizadas por la Contraloría General de la República a finales del año 2018 ascendieron a dos mil millones de pesos en moneda total.
El control interno debe servir para verificar periódicamente cómo se ejecutan las directrices que norman la existencia obligatoria de registros y sistemas contables y estadísticos, así como las normas de procedimientos, de manera que los administradores y otros directivos de una entidad puedan llevar al día el pulso de las operaciones bajo su responsabilidad.
Recordemos que los registros contables de las acciones monetario mercantiles y financieras; los balances periódicos; los inventarios de mercancías y de activos fijos (medios circulantes y básicos); los arqueos de cajas chicas; los recibos de las transacciones bancarias, de compra y venta, cuentas por cobrar y por pagar, entre otros comprobantes, dejan huella legal de ejecución de presupuestos, erogaciones por compras; ingresos por ventas, traslados de activos, y otras operaciones de las entidades que interactúan en el entorno de la economía estatal, cooperativa y la llamada por cuenta propia, ejercicio personal del trabajador con licencia que opera conforme a la Ley.
Consecuentemente, un auditor interno representa la garantía de verificar oportunamente, dentro de la propia entidad, el funcionamiento y sanidad de la estructura administrativo-contable, mediante la cual se detectan acciones impropias, desde simple errores de registros y procedimientos, hasta desvíos de recursos, apropiación indebida de activos y otros hechos que se mueven sobre el tenso filo de irresponsabilidades, ineficiencia y delitos.
Cada año la Contraloría General de la República efectúa una comprobación nacional al Control Interno. La decimotercera de ella, desarrollada entre el primero de noviembre y el 12 de diciembre del año 2018, como anticipamos, detectó afectaciones económicas ascendentes a poco más de dos mil millones de pesos en moneda total, de los cuales el 68 % se corresponde con la cadena de impagos en el comercio y la gastronomía, el 14 % está relacionado con incumplimientos de planes y el 1,5 % se asocia a presuntos hechos delictivos, de acuerdo con información oficial ofrecida a la prensa,
La información añade que en 29 entidades se detectaron 43 presuntos hechos delictivos y 12 presuntos hechos de corrupción, que reflejan fisuras y formalidad en las medidas preventivas y poco rigor en el enfrentamiento a las indisciplinas e ilegalidades.
Obviamente, si el control interno hubiera funcionado debidamente en las entidades auditadas, se habrían evitado los lamentables resultados citados en el informe.
Como en verificaciones anteriores, se identificaron los más recurrentes fallos en la contabilidad y el control interno de las entidades auditadas, y una vez más los señalamientos de los expertos deben contribuir a seguir mejorando este vital aspecto de la administración, siempre que la voluntad de actuar acompañe a los conocimientos de funcionarios y empleados, es decir, que se necesita capacitación técnica, una condición que lamentablemente sigue en falta en las oficinas contables por causas diversas, incluidos salarios muy bajos de los empleados y poca motivación para conservar el empleo.
CORRUPCIÓN. POTENCIAL AMENAZA DE LA SEGURIDAD NACIONAL
Ese caldo de cultivo es propicio para el surgimiento y desarrollo de la corrupción, potencial amenaza a la seguridad nacional, porque engendra eslabones de una cadena que involucra a individuos que simulan seriedad y probidad, mientras se aprovechan de la falta de control en beneficio propio para apropiarse ilegalmente recursos que el Estado ha puesto en sus manos para el desarrollo de sus funciones, lo que conduce a la degeneración de valores de todo tipo, sendero que guía cuesta abajo a quienes lo transitan.
En un amplio reportaje del colega Lázaro Barredo, publicado en el sitio web de la Revista Bohemia, se precisa que a tenor de la última rendición de cuenta de la Fiscalía General de la República y el Tribunal Supremo Popular ante la Asamblea Nacional, se reiteró que todavía hay poca respuesta de los organismos, las empresas y el resto de la administración en la detección de los hechos, lo que implica que las acciones de control externo realizadas por las entidades especializadas del Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la República y la Contraloría General de la República se realizan cuando ya se produjo el hecho y se generó la afectación al patrimonio estatal.
Los principales modus operandis identificados se corresponden con:
1) las falsedades documentarias para justificar el desvío de productos y bienes durante su posterior comercialización en mercados estatales, tiendas y el mercado ilegal
2) adulteración de documentos para legalizar la adjudicación de inmuebles o terrenos, a cambio de efectivo u otros beneficios personales
3) realización por cajeros de operaciones cambiarias a través de Cadeca, sin registrarlas contablemente por efectuarlas con efectivo particular
4) pagos a trabajadores por cuenta propia por resultados de trabajo que no son reales
5) aceptación de beneficios otorgados por directivos de firmas foráneas durante el proceso de negociación y concertación de contratos, consistentes principalmente en la aceptación de comisiones, pagos de viajes al extranjero, cenas, regalos, entre otros
6) cobro ilegal de servicios médicos
7) obtención de beneficios para retardar o incumplir la ejecución de sentencias de los tribunales
8) organizar y mantener negocios ilegales particulares paralelos a la actividad comercial de entidades cubanas en el exterior. .
